La automatización de la apostilla de documentos emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil permitirá el trámite del documento sin requerir la validación.
La apostilla es certificar la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de sus funciones, así como la calidad en que el signatario haya actuado, condición que debe estar registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. De esta forma el documento surte plenos efectos legales en un país parte del Convenio sobre la Abolición del Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.